Desayuno con una noticia que me pone los pelos de punta. Al parecer, Cintra comenzó en 2005 (y casi culminó en 2007) las obras de una autopista en las que se dejó 70 millones de euros, la MP-203 de la Comunidad de Madrid.
El problema es que ejecutó las obras sin tener garantía de conexión por uno de sus extremos, ni de poder salvar las vías del AVE. Vaya, un par de detalles nimios.
Ante situaciones tan alocadas, lo que le pide a uno el cuerpo es exigir quiebras y dimisiones (y quizá escarnios públicos y alguna cabeza en una pica). Me planteo sinceramente si no puede perseguirse a quien autorizara estas cosas por, no sé, prevaricación, dolo, incapacidad manifiesta, negligencia, algo.
Pero las ganas de gritar y pedir cosas por lo civil se le pasan a uno cuando lee las condiciones en que se hacen muchas concesiones administrativas, momento en que se le termina de amargar el café y se empiezan a barajar opciones más violentas.
Resulta que en algunos casos existe una cláusula de responsabilidad patrimonial de la administración, esto es, que en caso de que algo no funcione como se esperaba, no es la empresa sino el estado el que tiene que pagar la deuda. Usted y yo. Porque, al parecer (no soy experto en estas cosas, así que puede que existan motivaciones razonables para esto) si el estado ha dado sus autorizaciones a esos proyectos magníficos y ha hecho sus números, y hay sello oficial de viabilidad, la empresa puede culpar al estado de mala planificación si algo sale mal.
Mientras se decide qué hacer con todas esas autopistas que han salido como churros alrededor de Madrid (probablemente nacionalizarlas), yo voy a seguir intentando no vomitarle el café encima a alguien.
